Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

La Ley introduce una importante novedad en el ámbito de la contratación privada, y en concreto, en el de los arrendamientos urbanos y rústicos, que normalmente contienen cláusulas de revisión o actualización, modificando los respectivos textos que los regulan. Tras la reforma, en defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos, mientras que en la regulación anterior se aplicaba el IPC. Si hubiera pacto expreso, y no se acordase el mecanismo o metodología de referencia para la revisión, de forma supletoria, será aplicable un Índice de referencia, el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) elaborado según lo previsto en el Anexo de esta Ley y publicado por el Instituto Nacional de Estadística mensualmente. Se da una solución análoga para los arrendamientos de viviendas de protección oficial.

Las modificaciones serán de aplicación exclusivamente a los contratos que se perfeccionen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

La norma publicada modifica, asimismo,  el Código Civil en el ámbito, entre otros,  del matrimonio, relaciones paterno-filiales y sucesiones. Igualmente, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el ámbito, entre otros, de los procesos de familia con la novedad de un procedimiento específico para la restitución o retorno de menores en supuestos de secuestro internacional.

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

La reforma afecta a las relaciones y coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad, y entre otras modificaciones, se incorporan a la reforma los procedimientos registrales que puedan afectar a las realidades físicas de las fincas, como los de inmatriculación, reanudación del tracto, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida. Hasta ahora, los expedientes de dominio para inmatricular fincas, o reanudar tracto, obtener la cancelación de cargas caducadas, o solventar la doble inmatriculación, estaban atribuidos a la autoridad judicial. Ahora dichos procedimientos se desjudicializan cuando no exista contienda y oposición entre partes. Para ello se encomienda a los notarios la competencia para tramitar el expediente de dominio para la inmatriculación de fincas o reanudación de tracto, así como las rectificaciones descriptivas, y deslindes, y a los registradores los relativos a la liberación de cargas y gravámenes y subsanación de la doble inmatriculación.

Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

Afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil (subastas electrónicas, ejecución), Ley del Registro Civil (nacimiento, filiación y defunción); Código de Comercio (interconexión de Registros Mercantiles); Ley Hipotecaria (art. 129, valor de tasación); Código Civil (se modifica el art. 120 sobre filiación no matrimonial), nacionalidad por residencia, derechos del paciente, entre otras materias.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

El nuevo Baremo se inspira y respeta el principio básico de la indemnización del daño corporal; su finalidad es la de lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente. Para ello, también se identifican nuevos perjudicados y nuevos conceptos resarcitorios que no están recogidos en el Baremo vigente. Se sistematizan y dotan de sustantividad propia las indemnizaciones por daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante) que el actual Baremo prevé de un modo significativamente simplista e insuficiente. Y se pone al día, mediante su aumento, el conjunto de indemnizaciones, destacando en particular las que corresponden a los casos de fallecimiento –y, en especial, la de los hijos de víctimas fallecidas– y de grandes lesionados.

La reforma supone, finalmente, una mejora manifiesta del sistema vigente, tanto desde la perspectiva de su consistencia jurídica y de su estructura como, en general, de las cuantías indemnizatorias que incorpora; supone también un apreciable progreso en el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y, en los términos en que se formula, mejora sustancialmente el sistema legal vigente, por lo que puede sustituirlo de un modo más justo y cabal.

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria.