Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de  pago y de las entidades de pago.

Desarrolla la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, avanzando así sustancialmente en el proceso de transposición de la Directiva mencionada, estableciendo un nuevo marco jurídico comunitario que armonizara y completara las fragmentadas disposiciones nacionales en relación con los servicios de pago

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio, unifica en un solo texto toda la normativa reguladora de este tipo de sociedades en España y refuerza la seguridad jurídica en la materia. Así, recoge la normativa referente a la sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, las anónimas cotizadas y las comanditarias por acciones, poniendo fin a la insuficiente coordinación de los distintos tipos sociales.
Además, con este texto se sientan las bases del Derecho de sociedades español que, al concentrarse en un documento único, permitirá apreciar sus vicisitudes y posibles contradicciones en un momento en el que desde la Unión Europea se están tramitando normas, como el Reglamento de la Sociedad Privada Europea con impacto sobre nuestros tipos sociales.

Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización.

Real Decreto 487/2009, de 3 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Comentario: Esta Ley tiene por objeto la regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, consistentes en la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio social. Es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideración de mercantiles salvo las cooperativas que se rigen por su ley.

Incorpora a la legislación española la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital; y juntamente con ella, la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo, por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas.

Amplía el régimen jurídico de las denominadas «modificaciones estructurales», entendidas como aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo.

Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.

Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal La Ley profundiza en las “alternativas” al concurso o los denominados “institutos preconcursales", estableciéndose la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación y su extensión a los acreedores disidentes.

Se simplifica el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando un verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio; se refuerza la posibilidad de realizar modificaciones estructurales durante el concurso de acreedores.

Se introducen las modificaciones precisas en el procedimiento del artículo 64 de la Ley Concursal para coordinarlo con la reforma laboral efectuada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, resolviendo también las dudas en torno a la calificación de créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral.

Se extienden los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único miembro, que no serán sólo los concursos abreviados, lo cual tiene una clara repercusión en el funcionamiento de la administración y en el ahorro de los costes que esto comportará.

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

La ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales vino a incorporar a nuestro derecho la directiva comunitaria, Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
    La importancia de esta ley radica en que viene a suprimir la posibilidad de pacto entre las partes que modifique los plazos de pago y establecidos y las indemnizaciones previstas en caso de incumplimiento.
    Esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
    Se establece un plazo máximo de pago en el sector público de 30 días, y de 60 días para los pagos entre empresas, que se aplicarán, en ambos casos, a partir del 1 de enero de 2013, si bien se establece un calendario transitorio. Así:
   - Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación:

• 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.

• 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

• 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

    - Para el caso de pagos entre empresas los plazos se ajustarán progresivamente conforme al siguiente calendario:

• Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 días.

• Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.

• A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.

Lo anterior no será de aplicación a los productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a 30 días tendrá efectos inmediatos.
    La trascendencia de esta ley radica en que dichos plazos serán de aplicación desde la entrada en vigor de la ley, que según su disposición final será al día siguiente de su publicación en el B.O.E. (6 de julio de 2010), por lo que su entrada en vigor se ha producido el día 7 de julio de 2010. En consecuencia para todos los contratos celebrados a partir de esa fecha no es posible establecer plazos de pago superiores.

Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

La Ley profundiza en las “alternativas” al concurso o los denominados “institutos preconcursales", estableciéndose la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación y su extensión a los acreedores disidentes.

Se simplifica el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando un verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio; se refuerza la posibilidad de realizar modificaciones estructurales durante el concurso de acreedores.

Se introducen las modificaciones precisas en el procedimiento del artículo 64 de la Ley Concursal para coordinarlo con la reforma laboral efectuada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, resolviendo también las dudas en torno a la calificación de créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral.

Se extienden los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único miembro, que no serán sólo los concursos abreviados, lo cual tiene una clara repercusión en el funcionamiento de la administración y en el ahorro de los costes que esto comportará.

Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Persigue garantizar una adecuada protección de los clientes de entidades de crédito, mediante la implantación de medidas de transparencia en la prestación de servicios financieros.
     
  Compila en un texto único la normativa básica en materia de  transparencia,  regulando entre otros aspectos la información relativa a tipos de interés y comisiones, comunicaciones con el cliente, información (pre)contractual, servicios financieros vinculados, asesoramiento, préstamos responsables y transparencia del préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda.