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En este caso, pese a que el acusado y su letrado solicitaron su presencia física ante el tribunal, la Sala no accedió a la petición porque consideró que concurrían razones que justificaban esa modalidad de presencia habilitada legalmente por el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En concreto en el propio fallo se indica cuestiones como la situación de pandemia que se atravesaba en aquellos momentos y la especial vulnerabilidad de un recinto cerrado como es un establecimiento penitenciario, donde el riesgo sanitario del traslado no solo lo es para el acusado sino también para el resto de los internos.

El Tribunal Supremo considera que no se produjo una limitación relevante del derecho de defensa del acusado como consecuencia de su presencia en el acto del juicio a través del sistema de videoconferencia; sistema que sin duda es excepcional, pero que aparece en este caso justificado.

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