En el día de hoy, 26 de marzo de 2024, se ha reunido la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo General de la Abogacía Española, presidida por el consejero y decano de Zaragoza, Antonio Morán Durán, y el presidente del Grupo de Trabajo del Turno de Oficio en territorio común, Ildefonso Seller Rodríguez, consejero y decano de Badajoz.

En dicha reunión, después de analizar la situación actual en que se encuentra el turno de oficio en el denominado territorio común, competencia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha acordado realizar el siguiente comunicado:

1. Queremos reiterar el contenido de la declaración institucional en defensa del turno de oficio, del pasado 15 de marzo de 2024, que el Consejo General de la Abogacía Española, reunido en Pleno, aprobó por unanimidad. Declaración en la que se establecía la urgente e inaplazable necesidad de actualización de los baremos del turno de oficio en el denominado territorio Ministerio de Justicia con una triple premisa:
   • Una subida que, cuanto menos, se adecue a la evolución del IPC desde la última revisión, que tuvo lugar en 2018.
   • Una modificación que incluya, de manera imprescindible, intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas.
   • Que ambas medidas, puedan adoptarse de manera inmediata, sin vinculación alguna a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Debemos señalar que, aunque esperamos con ilusión, los próximos 18 y 19 de abril, la celebración en Valladolid de las Jornadas de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, las últimas noticias que hemos conocido sobre la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y el ofrecimiento por parte del Ministerio de una subida salarial a los funcionarios de Justicia de su territorio, han causado, aún más si cabe, una profunda preocupación y la urgencia de dar una pronta solución a esta cuestión.
   
   
3. En consecuencia, es necesario solicitar que en la próxima e inmediata reunión con el Ministerio para poder abordar esta cuestión, que deberá convocarse antes de las citadas Jornadas de Valladolid, se ofrezcan  soluciones concretas que den respuesta a las demandas planteadas en la declaración institucional antes señalada.
   
   
4. Por último, es necesario manifestar el absoluto rechazo a la inadmisible demora en el pago de las mensualidades atrasadas que fueron aprobadas en el Real Decreto de Subvenciones del pasado 12 de marzo. En modo alguno, los profesionales de la abogacía pueden admitir esta situación durante más tiempo y pedimos que las cuestiones técnicas que están provocando esta situación sean solventadas de inmediato y se adopten las medidas que procedan para evitar que se reiteren este tipo de situaciones.