Entre las principales novedades sustantivas debe destacarse la prórroga forzosa de los alquileres de viviendas a cinco años, salvo que el arrendador  sea persona jurídica que se amplía a siete  años, y en ambos casos con una prórroga forzosa de otros tres años si ninguna de las partes notifica su voluntad de no renovarlo con al menos treinta días de antelación a su vencimiento.

Igualmente se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en algunos particulares relativos al procedimiento de desahucio de viviendas.

Asimismo se modifica la Ley de Propiedad Horizontal y su régimen de mayorías en los acuerdos sobre obras de accesibilidad.

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